¿Más impuestos para Puerto Madero?

Puerto Madero Buenos Aires

El nuevo decreto, firmado por el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, supondría un incremento del 10% en el pago de gravámenes por parte del Casino porteño.

De pagar un 20% en impuestos a tributar un 30%. Esa es la importante diferencia de la que se tendría que hacer cargo la sociedad gestora del Casino de Puerto Madero en Buenos Aires. En este sentido, debemos recordar que la compañía española Cirsa cuenta con el 50% del capital del salón de juegos, mientras que el resto se reparte entre Inverclub (25%) y el Hipódromo Argentino de Palermo (25%)

La empresa española obtuvo la concesión de los derechos de explotación del Casino desde 1.999 hasta 2.019, tiempo que habría estado pagando un 20% de los beneficios líquidos conseguidos. Dichos beneficios, según señala el Decreto 95/2017 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma de Mauricio Macri, es el resultado deducir del monto total de las apuestas las cantidades abonadas por los jugadores.

El susodicho Decreto 95/2017 viene a modificar el 600/99, firmado hace casi veinte años por Cirsa y el Gobierno de la nación y que elevaba el pago de un impuesto por parte de la firma española de un 20%. Los funcionarios encargados de la reforma señalan que el principal motivo del cambio se debe a que el porcentaje que paga la empresa gestora por su beneficio líquido no se corresponde con la realidad de los juegos de azar en Argentina ni con la situación fiscal de otras regiones.

Para arrojar más luz a la nueva norma, reproducimos parte del texto en cuestión:

La razonabilidad de la presente medida está dada por la necesidad de adecuar el porcentaje del beneficio que recibe el Estado a guarismos que resulten justificados y acordes en el marco de la explotación de que se trate. En este sentido, la distribución que fija el Decreto N° 600/99 debe ser modificada para reflejar la realidad de la explotación de juegos de azar.

En este sentido, las autoridades públicas usaron como ejemplo los pagos en forma de impuestos que realizan el Hipódromo de Palermo (30%) y las salas de juegos de la provincia (34%). Así lo recoge el periódico La Nación:

El benchmarking nacional nos da que los cánones están entre 30 y 34%. El 20% era un escándalo. La administración tiene derecho a ejercer lo que se llama el ius variandi y modificar las condiciones de una concesión.

Casino Flotante Puerto

Imagen del Casino Flotante Puerto Madero (Foto: ideasa)

De confirmarse la nueva obligación fiscal del Casino Puerto Madero, Cirsa pasaría de abonar unos 560 millones según los datos de 2016 a unos 1.000 millones en el próximo año. Es decir, el Cirsa pagaría al Gobierno casi el doble de lo que viene pagando.

La decisión aparece en un momento crítico para la industria del juego en la capital bonaerense. Por un lado, el Decreto llega poco después de la reciente Ley aprobada por el Congreso para la aplicación de un nuevo impuesto al juego que ya se está dejando notar sus consecuencias con los despidos de trabajadores de diferentes Casinos y el cierre de varios de estos salones de azar. Por otro lado, esta nueva ley aparece justo antes del traspaso de la jurisdicción del servicio de los juegos de azar del Gobierno Central al Municipal, lo que supondrá la creación una nueva agencia de Loterías porteña.

Por su parte, los operadores de los Casinos y las salas de juego exigen al Gobierno que revise la nueva normativa, ya que con estos nuevos gravámenes las empresas inversoras se están replanteando si el negocio seguirá siendo rentable o de lo contrario habría que buscar otras opciones fuera de Argentina.

Así lo indicaron portavoces del grupo Cirsa aprovechando que el presidente Macri planea un viaje a España con el fin de encontrar nuevos inversores:

No parece ser una buena señal para los inversores españoles este cambio unilateral de contrato, en momentos en que el Gobierno pretende mostrar credibilidad para atraer inversiones extranjeras.

Por último, según fuentes cercanas al asunto, es posible que los dirigentes de Cirsa decidan denunciar ante la justicia argentina e internacional las consecuencias de la aplicación del nuevo Decreto. Para la entidad española el contrato firmado en 1.999 y con vigencia hasta 2.019 exime a la operadora de pagar ninguna carga tributaria superior al 20% acordado entonces.