ALEA busca soluciones a la Ley 27346

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Encabezados por su presidente, Alfredo Mónaco, los componentes de la entidad dialogaron a cerca de la nueva Ley del Juego y las posibles alternativas a esta.

La subsede de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas acogió el pasado jueves cinco de enero una reunión extraordinaria para abordar la nueva situación a la que se enfrentan los juegos de azar en el país tras la emisión de la Nueva Ley del Juego. Dicha ordenanza, que fue aprobada por el Congreso argentino el pasado 22 de diciembre, incrementa los gravámenes establecidos previamente para el sector del juego.

Más concretamente, la alteración del artículo 69 de dicha Ley, indica lo siguiente:

Sin embargo, las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en Casinos (la Ruleta, Punto y Banca, Blackjack, Poker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) y/o a través de plataformas digitales tributarán al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%)

En consecuencia y, debido a la importancia del asunto, la reunión contó con la presencia de representantes de las entidades reguladoras de los juegos de azar de varias de las provincias más importantes de Argentina, entre las que se encuentran: Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El evento sumó a su causa además a autoridades y asesores legales de cámaras, federaciones y entidades civiles tales como: la Cámara de Agentes Oficiales de Loterías y Afines Bonaerense (CAOLAB), la Federacion Argentina de Camaras de Asociaciones de Loteria Quinela y Afines (FACALQA), la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional (CAOLN) o Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar (ALAJA), entre otras) Igualmente, sumó a entidades concesionarias y proveedoras, implicadas en el asunto desde un punto de vista legal, económico e impositivo.

Subsede ALEA

Reunión en la subsede de ALEA para tratar el tema de la nueva Ley del Juego (Foto: ALEA)

El primer punto del orden del día tuvo a bien señalar la necesidad de continuar intercambiando información y otros datos relevantes entre todas las entidades implicadas, con el objetivo de reducir el impacto negativo económico que la industria del juego va a padecer en los próximos meses. De este modo, se pretende disminuir de alguna manera las devastadoras consecuencias que tendría la reducción de recursos para causas sociales que recibirán los organismos gubernamentales locales.

Con respecto a esto, los portavoces de las entidades citadas mostraron su preocupación en relación con la posible pérdida de empleos y al descenso del número de empresas concesionarias que, de alguna forma, se benefician de realizar trabajos para este sector.

Al respecto, los presentes manifestaron también la preocupación que suscita la aplicación de la ley por los graves perjuicios sobre las fuentes de trabajo y las empresas concesionarias. El presidente de ALEA, Alfredo Mónaco, pronunció unas palabras en este sentido:

El juego legal en Argentina, en salas y casinos, o se acaba o va a tener un costo muy alto que para vamos a tener que ir manteniendo por las fuentes de trabajo y las obligaciones contractuales pero que va a ir en disminución y eso va a afectar fundamentalmente a todos los fondos que destinamos en forma directa a Acción Social, Educación y Salud.

Ya el pasado mes de diciembre, ALEARA advirtió sobre este aspecto a través de un comunicado público oficial. En dicho texto, la organización avisaba que al incrementar la presión impositiva sobre la industria del juego regulado, habría un repunte del juego ilegal (Casinos, Loterías, Centro de juego, máquinas tragamonedas, etc.) Esto es debido a que el juego ilícito no tiene ningún tipo de gravamen al que rendir cuentas, por lo que puede emplear mano de obra ilegal, pagar míseros sueldos y aprovechar los vacíos legales existentes para operar y explotar los beneficios que reportan los juego de azar.

Por otro lado, los asistentes se cuestionaron la constitucionalidad de la Nueva Ley de Impuesto a las Ganancias, ya que dicha norma pretende regular los juegos de azar, un sector en ningún caso delegado por las provincias al Gobierno Central. Asimismo, se mostró cierta preocupación ante la inestabilidad jurídica que supone la aplicación de la norma, que destruye la legitimidad de contratos en teoría vigentes y que podrían llevar a los órganos reguladores y provincias a múltiples contenciosos judiciales.

Finalmente, se decidió comenzar las gestiones pertinentes para incorporar información técnica relacionada con la reglamentación de la Ley 27346 ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y proponer posibles métodos judiciales para enfrentar las consecuencias de tal normativa.