61 edición de la Asamblea General de A.L.E.A.

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La regulación del juego online fue uno de los principales puntos debatidos en el encuentro de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina

La semana pasada tuvo lugar en el hotel Panamericano de Bariloche, a orillas del majestuoso Lago Nahuel Huapi en La Patagonia, la sesenta y una edición de la Asamblea General de A.L.E.A. (Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina)

Diversas personalidades, entidades públicas y empresas privadas relacionadas con la industria de los juegos de azar se dieron cita en este evento desarrollado esta vez a los pies del bello paraje de la Provincia de Río Negro.

El interventor de la Lotería de Río Negro, Luís Ayestarán y el Presidente de ALEA, Alfredo Mónaco, fueron dos de las principales voces en el evento. Ayestarán destacó el trabajo social que se está haciendo desde las Loterías y quiso dar las gracias a los asistentes por ello. Mónaco, por su parte, comentó como desde su administración se están buscando continuamente soluciones a los habituales problemas a los que ALEA se enfrenta: la lucha contra la ludopatía, la detección y denuncia del lavado de activos, la profesionalización de los técnicos de la entidad, etc.

Alfredo Mónaco Presidente ALEA

El presidente de ALEA, Alfredo Mónaco durante su inervención en la Asamblea (Foto: ALEA)

Representantes de dieciocho jurisdicciones provinciales intercambiaron opiniones y estuvieron de acuerdo en resolver dos puntos especialmente problemáticos para el futuro del juego en Argentina: la búsqueda de modelos que regulen el juego online en todo el territorio nacional y la legislación del juego ilegal como delito penal.

Con respecto al primer punto, se discutió la urgente necesidad de crear un marco legal en el que tenga cabida el juego a través de internet y la responsabilidad de la Asociación para con ello. Estas actividades aún se encuentran carentes de cualquier tipo de regularización que controle: la fiabilidad de las páginas que operan este tipo de negocios, el pago de impuestos al Estado, etc. Podemos interpretar que este aspecto será tratado más profundamente en futuras Asambleas e irá tomando forma con el paso del tiempo hasta, finalmente, llegar al Congreso argentino.

En relación a la segunda cuestión, se debatió también la posibilidad de redactar un Proyecto de Ley que tipifique las apuestas ilegales como una actividad delictiva con consecuencias penales. Dicho borrador se plasmó en la Declaración de San Carlos de Bariloche, en la que todas las entidades presentes firmaron su compromiso para perfilar el anteproyecto de ley.

Dicha Declaración, que recogemos de la página web de ALEA gracias a esta entidad dice así:

Los organismos miembros de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA) reunidos en el marco de la 61º Asamblea Extraordinaria de la Junta de Representantes Legales, en defensa del juego oficial y regulado por el Estado para el bien común, aprueban por unanimidad la voluntad de trabajar en la elaboración de un anteproyecto de Ley para ser presentado ante el Congreso de La Nación, tendiente a lograr la tipificación penal como delito de las apuestas no legalizadas o clandestinas.

Para ello se propone liderar la conformación de un frente parlamentario contra las apuestas ilegales, comprometiéndose a proveer todos los antecedentes necesarios a fin de facilitar la labor de los legisladores, procurando que los representantes de las provincias en el Congreso se sumen activamente a impulsar esta iniciativa para elaborar y presentar un anteproyecto de Ley de carácter federal y efectivo para su aplicación.

San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, 17 de noviembre de 2016

El plan propuesto por los portavoces de la sala proyecta emplazar una reunión entre los representantes de las entidades implicadas y juristas doctos en la materia para dar cuerpo al anteproyecto de Ley. Además, se pretende crear dentro de un corto periodo de tiempo un frente parlamentario que luche contra el juego ilegal desde el Congreso, poniendo al servicio de las fuerzas de orden público todas las herramientas necesarias para frenar dichas actividades.